El pasado viernes 26 de febrero, el más alto tribunal constitucional de Colombia puso freno al intento de re- reelección del actual mandatario Alvaro uribe.
Con siete votos contra dos, la Corte declaró inconstitucional la ley que convocaba a un referendo que consultaría a los colombianos sobre si se podía modificar la Constitución para permitir una segunda reelección consecutiva del actual presidente.
De esta forma el tribunal detuvo las intenciones de Uribe de extender su estadía en el sillón presidencial y profundizar los lineamientos de su gestión. Gestión, que dicho sea de paso, ha sido fuertemente cuestionada por su subordinamiento a la política exterior de los Estados Unidos (durante 2009 Uribe habilitó en territorio colombiano la instalación de bases militares norteamericanas), sus escasas herramientas para combatir el flagelo de la pobreza y la exclusión social, y en particular, por promover el desempeño de los grupos paramilitares que, con el supuesto objetivo de combatir la guerrilla, han cometido un sinnúmero de asesinatos de civiles, conocidos como "falsos positivos".
Además, la Corte, por cinco votos a favor y cuatro en contra, consideró que no es viable que una persona ocupe por tercera vez la presidencia, ya que ello "sustituiría el modelo político adoptado en 1991, cuando Colombia se declaró como un estado social de derecho". De esta forma, no solo imposibilita las intenciones de Uribe, sino también establece una restricción a futuro para cualquier mandatario/a que pretenda perpetuarse en el poder.
Sin duda alguna esta decisión sienta importantes precedentes y se convirtió en un hecho político de suma relevancia no sólo para Colombia, sino para toda la región.
En primer lugar porque pone sobre la mesa el rol del poder judicial en el juego republicano de división de poderes. En este caso limitando con sustento constitucional, y con un análisis sustancial del derecho nacional e internacional, el desborde institucional de uno de los poderes (en este caso el Poder Ejecutivo), en el marco del paradigma del Estado Constitucional de Derecho.
En segundo lugar pone también en evidencia la necesidad de limitar una cultura bastante común en la región de buscar perpetuarse en el ejercicio del Poder Ejecutivo por parte de dirigentes con fuertes liderazgos, que anteponen su caudal polìtico por sobre las reglas de las instituciones. Semilla que fortalece las conductas autoritarias, hegemónicas y sectaristas.
Por último, esta medida obliga al pueblo colombiano, y en particular a los sectores políticos partidarios a generar una renovación de caras y, algo aun más atractivo, una renovación de ideas. Algo muy necesario para que Colombia se inserte con una nueva mirada en la región. Una mirada de mayor integración en la patria grande latinoamericana, y así dejar de resultar funcional (como también hoy lo es la Venezuela de Chávez) a los intereses más concentrados y especulativos.
